Por: Ruth Santiago, abogada ambientalista
La tormenta Isaías vino acompañada de otro apagón en el servicio esencial de electricidad. Las pocas personas afortunadas que tienen un sistema solar en el techo de sus casas con baterías se libran de estos apagones pero claro está, con una tasa de pobreza que ronda el 50% de la población de Puerto Rico, la inversión inicial requerida para adquirir estos equipos no es una opción para la mayoría de la población.
Estos apagones provocaron otro: la petición de renuncia a José Ortiz, director de la Autoridad de Energía Eléctrica, cuyo desempeño fue criticado públicamente hasta por la gobernadora. Más allá de su salida, está pendiente ahora qué pasará con la AEE y su privatización.
Las noticias indican que el gobierno va a recibir fondos ascendentes a miles de millones de dólares. Sin embargo, muy poco del dinero está destinado a la instalación de sistemas solares en los techos o cerca del lugar de consumo. El plan del gobierno, el llamado Plan de Modernización de la Red, que se supone ejecutará Luma Energy, si llegan los fondos de FEMA propone perpetuar la generación con combustibles fósiles y la transmisión de energía centralizada, especialmente nueva infraestructura de gas metano “natural”, altamente explosivo que conlleva inversiones de miles de millones de dólares con una fuerte dependencia continua de la transmisión de electricidad desde el sur de Puerto Rico hasta el norte del País, particularmente al área metropolitana de San Juan.
A pesar de que el gobierno habla mucho sobre energía renovable, propone poco o nada y hace menos para lograr el empoderamiento energético de las comunidades a través de sistemas solares y baterías utilizando el “Recurso Techo”, la eficiencia y el manejo de la demanda energética, entre otras alternativas como propone la propuesta de la Coalición Queremos Sol.
Estos apagones provocaron otro: la petición de renuncia a José Ortiz, director de la Autoridad de Energía Eléctrica, cuyo desempeño fue criticado públicamente hasta por la gobernadora.
Ruth Santiago, abogada ambiental
Lejos de promover alternativas energéticas adaptadas a la realidad puertorriqueña desde la propia corporación pública, José Ortiz, la alta gerencia de la AEE y el gobierno han estado en campaña para adelantar instalaciones del explosivo gas metano, particularmente en las plantas de San Juan, Palo Seco y Mayagüez y una nueva en Yabucoa. Aclaramos que el gas “natural” metano constituye la sustitución de un grupo de contaminantes como los óxidos de azufre y nitrógeno por otros, los compuestos orgánicos volátiles.
Las cantidades multibillonarias en fondos federales representan un gran negocio para las industrias del gas metano y las afiliadas de Luma.
Este plan y el contrato de Luma se asemejan mucho a la decisión a finales de la década de 1990 donde el gobierno aprobó la construcción de la planta de carbón AES en Guayama. En pleno siglo 21 en Puerto Rico se comenzó a quemar carbón para generar energía con todas las consecuencias nefastas que eso ha conllevado, como impactos a la salud pública y la contaminación del Gran Acuífero del Sur, la única fuente de agua potable para decenas de miles de boricuas. Ahora, el país es rehén de AES y su contaminación que aún no ha limpiado el acuífero y propone seguir operando.
Necesitamos evitar otro desastre provocado por el hombre, esta vez con gas “natural” y con transmisión que resulta vulnerable a los huracanes y a otros eventos climáticos cada vez más frecuentes e intensos. Esperamos que quien sustituya a José Ortiz tenga una agenda de transformar el sistema eléctrico para beneficio del pueblo.
Alianza Energía Renovable Ahora 