Abogado de El Puente-Enlace Latino de Acción Climatica
Becario de la Fundación Fondo Acceso a la Justicia
25 de agosto de 2022
El Negociado de Energía de Puerto Rico aprobó el séptimo aumento consecutivo a la factura de luz, alcanzando los 33.4 centavos el kilovatio/hora. La política pública energética del país establece mediante ley, la meta de una tarifa máxima de 20 centavos kilovatio/hora. Actualmente pagamos una tarifa 167% más cara que la tarifa legislada.
Puerto Rico importa el combustible que consume, por lo que el uso de gas como solución a nuestra crisis energética solo agrava nuestro problema de dependencia. Para junio la unidad básica de gas metano (Btu) alcanzó los $9, cifra más alta desde el 2008. Debido al conflicto entre Rusia y Ucrania no se pronostica una reducción en su costo a corto plazo. Este gas no solo es dañino al ambiente, sino que también es inaccesible, derrotando cualquier tipo de ahorro o beneficio prometido por sus promotores. Es decir, las tarifas cobradas continuarán fluctuando según los mercados y los consumidores sufriremos estos aumentos bajo el ajuste por compra de combustible.
Entre los principales beneficiarios de esto está New Fortress Energy (NFE), quien opera un terminal de gas en la Bahía de San Juan obviando el debido procedimiento administrativo e incumpliendo con las regulaciones ambientales. NFE se enfrenta al proceso de solicitud de permisos para legitimar la operación del terminal ante la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC). Esto luego de que la Corte Federal de Apelaciones para el Distrito de DC confirmara la decisión de FERC de asumir jurisdicción sobre el terminal, decisión que NFE impugnó sin éxito. Estamos frente a un asunto de justicia climática, donde una multinacional aprovechándose del estado de emergencia en el que se encontraba Puerto Rico después de los Huracanes Irma y Maria se lucra, burlando y evadiendo la fiscalización estatal, así como los procesos de planificación requeridos por ley.
El modus operandi de NFE queda evidenciado en un reporte publicado en febrero por el Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero. Este concluye que NFE tiene problemas de transparencia y financiamiento. Entre las irregularidades está, medir el volumen de gas procesado en medidas atípicas a la industria dando una impresión engañosa y no dejar claro a la Comisión de Valores y Bolsa que es un negocio de alto riesgo. Respecto al financiamiento, fue en el tercer trimestre de 2021 que por primera vez sus ingresos fueron positivos, aunque para el mismo periodo su deuda aumentó a $3,800 millones.
El contrato de suplido de gas entre AEE y NFE para generar energía mediante la quema de este combustible, nos aleja de un sistema energético limpio y resiliente, que es lo que compele la ley. Tanto la Ley 17 de 2019 como la Ley 33 de 2019, establecen objetivos claros de desplazar del sector energético el uso de combustibles fósiles, exigiendo una cartera de energía renovable de 20% para el 2022. Metas de las cuales nos encontramos muy distantes, ya que el 93% de la energía es generada mediante la quema de diésel, gas y carbón.
No podemos hacernos de la vista larga y permitir que la burocracia y el amiguismo político hagan de estas leyes letra muerta, como ha ocurrido con otras leyes ambientales. La fiscalización y el cumplimiento de estas leyes históricamente ha recaído en las manos de ONGs e iniciativas comunitarias. Ante la inacción estatal, Queremos Sol desarrolló una alternativa diseñada y modelada con nuestro contexto isleño en mente. Esta propone la generación de energía mediante la instalación de placas solares en techos de estructuras ya existentes. Llegó la hora de que como pueblo nos hagamos las siguientes preguntas: ¿Qué preferimos? ¿La dependencia en un combustible fósil importado o la generación de energía solar limpia que satisfaga nuestras necesidades como país? ¿Esperaremos a que el gobierno voluntariamente decida cumplir con sus mandatos o salimos a exigir lo que nos merecemos?
Nota: Noticia escrita por Gerardo Alvarado para El Nuevo Día
CAMBIO y otras organizaciones exhortan a que la AEE utilice desde ahora los fondos federales autorizados y disponibles para la rehabilitación del sistema eléctrico.
Si la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) comienza desde ahora a invertir los $9,650 millones de fondos federales autorizados y disponibles para instalar placas solares en techos y baterías de almacenamiento, al cabo de 15 años (2035) el 100% de los hogares en Puerto Rico tendría sistemas de generación con fuentes renovables confiables y constantes, es decir, se les proveería resiliencia.
Un alto número de comercios también podría instalar placas solares –en techos y estacionamientos– y baterías, lo que reduciría la vulnerabilidad a nivel familiar y comunitario frente a emergencias como los huracanes Irma y María, en 2017, y los terremotos del año pasado.
Los sistemas a instalarse tendrían una capacidad de 2.7 kilovatios en techos y baterías de 12.6 kilovatios-hora, lo suficiente como para cubrir la demanda básica de un hogar, entiéndase, la nevera, lavadora, abanicos, iluminación y algunos electrónicos. Se estima que, en la isla, hay un millón de hogares, que podrían inyectar unos 2,700 megavatios de energía limpia a la red.
Con esta acción, los costos del sistema eléctrico se ubicarían por debajo de los 15 centavos por kilovatio-hora en 2035, lo que representaría una reducción de seis centavos respecto al 2019. En otras palabras, los puertorriqueños sacarían menos dinero de su bolsillo para pagar la luz.
Además, la isla podría alcanzar el 75% de generación con fuentes renovables y reducir, a su vez, los costos de compra de combustible a $430 millones al año. En 2019 y 2020, dichos costos superaron los $1,400 millones al año, según cifras de la AEE. El 75% de generación con fuentes renovables excedería –por mucho– la meta establecida por ley de 40% para 2025 y 60% para 2040. En 2050, el 100% de la generación debe ser con fuentes renovables.
Estos, a grandes rasgos, son los principales hallazgos del “Estudio de integración del recurso solar distribuido en Puerto Rico”, divulgados hoy, miércoles, y que modeló la propuesta energética del colectivo Queremos Sol con datos de la AEE sobre los sistemas de generación, transmisión y distribución.
El estudio fue coordinado por la organización CAMBIO, en colaboración con el Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA, en inglés), con expertos en planificación de recursos energéticos y en modelaje de sistemas de transmisión y distribución, como Agustín Irizarry, catedrático del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico. También, colaboraron las firmas Telos Energy, EEPlus y Energy Futures Group.
En conferencia de prensa virtual, la presidenta y cofundadora de CAMBIO, Ingrid Vila, resaltó que el estudio “provee información nueva y útil que muestra cómo transformar radicalmente el sistema eléctrico utilizando el sol y los techos como base”. Los sistemas fotovoltaicos que se instalarían en hogares y comercios, dijo, tendrían suficiente capacidad para “atender las cargas críticas”.
La AEE sería la encargada de acceder a los fondos federales, comprar las placas solares y baterías y coordinar su instalación en los hogares y comercios. Los ciudadanos no tendrían que hacer peticiones individuales.
De acuerdo con la ingeniera, el estudio también demuestra que “no hay necesidad de usar el dinero público en nuevas plantas de combustibles fósiles o en conversiones a gas natural de plantas existentes”, como promueve la AEE en el Plan Integrado de Recursos y, más recientemente, en el Plan de Infraestructura de 10 años que sometió a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) detallando el uso de los fondos autorizados.
“Insistiendo en lo mismo no podemos esperar resultados distintos. Aun cuando se adoptan discursos sobre las fuentes renovables, las acciones de la Autoridad no guardan relación con sus palabras, y el ejemplo más reciente es el plan a 10 años presentado a FEMA, que dejó en cero la inversión para energía renovable”, expresó Vila.
El estudio concluyó, incluso, que es posible retirar la generación base de combustibles fósiles sin comprometer la estabilidad de la red, comenzando con la cogeneradora AES Puerto Rico, en Guayama (carbón), y siguiendo con las termoeléctricas Palo Seco, en Cataño, y Aguirre, en Salinas (petróleo). Las unidades restantes, como las de la central San Juan (gas natural), se utilizarían, si algo, muy pocas horas al año con 75% de energía con fuentes renovables, lo que reduciría la dependencia histórica en el sistema de transmisión.
Un estudio “muy diferente”
Por otro lado, el ingeniero Irizarry mencionó que el estudio “es uno muy diferente a los que normalmente se hacen en la industria”, y resaltó que “recreó” el 89% del sistema de distribución, incluyendo las islas municipio de Vieques y Culebra. Esto último, destacó, permitió modelar cómo funcionaría una red que generaría la mayor parte de su electricidad con placas solares en techos en hogares y comercios.
“En el sistema de hoy, las plantas están ubicadas en las costas porque el combustible llega en barco y dependemos grandemente del sistema de transmisión para llevar la energía desde las centrales hasta los hogares. Nuestra propuesta es que ubiquemos la generación (con placas solares) y el almacenamiento en el sistema de distribución (más cerca del consumo)”, explicó.
“Con nuestra propuesta, tendríamos un millón de hogares con sistemas solares en los techos y baterías de almacenamiento para que, cuando llegue el próximo huracán como María, no muera nadie por falta de electricidad. Estos son resultados contundentes de que existe una forma de suministro de energía resiliente y robusta”, agregó.
De acuerdo con Irizarry, la propuesta “aprovecha al máximo la red existente” y, con una inversión “modesta”, que estimó en $650 millones, se podrían hacer las mejores necesarias en el sistema de distribución. “Por ser un despliegue distribuido, serán muy pocas las veces que el sistema no pueda aceptar la energía, aparte de que la estamos almacenando, algo que no ocurre con las fincas solares”, señaló.
Indicó, igualmente, que bajo el escenario que propone el estudio se reducirían hasta en 70% las emisiones de dióxido de carbono (CO2), uno de los gases de efecto invernadero que contribuye al cambio climático. “Eso son cifras importantes, que nos ponen en una condición de ‘standing’ moral atendiendo el cambio climático. Nos pondría en la misma liga de la respuesta al cambio climático que ahora tienen planificada los países europeos”, acotó.
Según Irizarry, al momento hay “decenas de miles” de hogares con sistemas solares y baterías en Puerto Rico, pero, a su juicio, ese número “no es confiable”, pues solo considera a los clientes que tienen acuerdos de medición neta con la AEE. “Después del huracán María, sabemos que la cantidad es más”, dijo.
Más barato que lo actual
Entretanto, Cathy Kunkel, analista de finanzas en energía del IEEFA, resaltó que la propuesta supone $5,000 millones menos en inversión que el Plan Integrado de Recursos, y es $500 millones anuales “más barata” que el costo total del sistema eléctrico actual.
“La transformación hacia la autosuficiencia energética permitiría tener precios estables y razonables con menos inversión en los sistemas de transmisión y distribución que la propuesta por la Autoridad”, dijo Kunkel, al insistir en que, si la AEE “usa desde ahora los fondos federales para establecer este plan”, el costo del sistema podría bajar de los 15 centavos por kilovatio-hora en 2035.
“Estas inversiones en renovables estabilizarían la tarifa, ya que se reduce la dependencia en los mercados fluctuantes de combustibles fósiles. La Autoridad ha gastado más de $1,400 millones al año en combustibles importados y este escenario reduciría esa factura de combustible a $430 millones. El gobierno federal permite que los fondos se inviertan en la construcción de una red de energía limpia y renovable, como la propuesta con este modelo”, acentuó.
Kunkel mencionó que, además de las asignaciones autorizadas por FEMA, se prevén $1,900 millones en fondos de Vivienda federal para el sector energético, que también podrían servir para apoyar el despliegue de energía renovable distribuida y almacenamiento. “Pero aún no sabemos cómo se va a usar ese dinero”, declaró.
A la propuesta presentada hoy, habría que añadirle los costos resultantes de la renegociación de la deuda de la AEE, así como del Sistema de Retiro de la corporación pública. Ambos asuntos están bajo discusión ante la jueza federal Laura Taylor Swain, quien preside los casos de quiebra bajo el Título III de la ley federal PROMESA. Aun así, los conferenciantes insistieron en que su propuesta sería más costo-beneficiosa y costo-efectiva que cualquier otra.
Mientras tanto, Vila informó que los resultados ya fueron compartidos con la gerencia de la AEE y los comisionados del Negociado de Energía de Puerto Rico. Próximamente, se compartirán con “otros sectores” e iniciará una campaña de divulgación masiva.
A preguntas de El Nuevo Día sobre el posible rol del consorcio privatizador LUMA Energy en la propuesta, la ingeniera respondió: “Los que aquí estamos presentando somos parte de Queremos Sol y entendemos que el contrato de LUMA es nulo y nos oponemos a ese proceso de privatización. En adición a eso, el contrato propiamente no tiene métricas que exijan el cumplimiento (de LUMA) con las metas de energía renovable. Dicho eso, la propuesta que presentamos no debe estar sujeta ni al modo de operación de la Autoridad de Energía Eléctrica ni a quien sea que gobierne el país. Esta es una propuesta de país, y es para transformar el presente y futuro de Puerto Rico”.
Reiteró que la propuesta “es una ruta que procura que nadie se quede rezagado”, por lo que instó al gobierno a comprometerse con su adopción y ejecución. A su juicio, los fondos federales autorizados y disponibles para la reconstrucción de la red representan la oportunidad de lograr “una transformación que beneficie a la gente”.
Vila indicó, por último, que el estudio se realizó durante el pasado año, y es resultado –en parte– de un litigio de CAMBIO contra la AEE para obtener acceso a documentos públicos. El estudio se hizo en consulta y con la participación de organizaciones laborales, ambientales y comunitarias proponentes de Queremos Sol, con una subvención de Filantropía Puerto Rico.
Por: Amy Orta Rivera, Coordinadora de Política Ambiental, El Puente-ELAC
18 de febrero del 2021
El viernes, 19 de febrero, Estados Unidos entra nuevamente al Acuerdo de París, el cual busca crear políticas para mitigar los gases de efecto invernadero (GEI) y adaptar a los países ante la crisis climática.
El cuatrienio de Donald Trump marcó un retroceso en estas políticas al punto en que no se podía confiar en la información sobre cambio climático provista por dependencias de gobierno como la Agencia de Protección Ambiental.
En los pasados cuatro años el cambio climático se trató como un mito. Al sector científico se le tildó de alarmista y se rechazó información fundamentada en evidencia y datos. Esto provocó que se continuara con la emisión indiscriminada de GEI, aumentando el deterioro de la salud del planeta y las comunidades más vulnerables en Estados Unidos y Puerto Rico.
El que Estados Unidos acepte los 29 Artículos que dispone el Acuerdo de París no significa que lleguemos de la noche a la mañana a un mundo con cero emisiones de GEI. Aunque la administración de Joseph Biden actualice leyes, regulaciones y órdenes ejecutivas para reducir la producción de los GEI, el proceso para alcanzar las metas establecidas tomará más tiempo. Las emisiones de los GEI tardan en descomponerse en la atmósfera de manera natural al menos 300 años. Las políticas de Trump de inacción ante el cambio climático las van a vivir las próximas 10 generaciones.
Esto nos deja saber que no podemos perder tiempo a la hora de cumplir con la legislación vigente y con aquella que se produzca o se enmiende. Por eso, urge crear proyectos de energía limpia y adjudicar fondos federales para atender esta emergencia. Si queremos reducir la causa mayor de la crisis climática, los GEI, todas estas estrategias mencionadas deben ser dirigidas a producir energía renovable, preferiblemente en techos, donde se garantice la protección de los terrenos con potencial agrícola.
A la crisis climática no le importa si creemos o no en ella. Existe evidencia suficiente sobre las causas del aumento en temperatura y las consecuencias de ese aumento. Desde sectores científicos, académicos, organizaciones sin fines de lucro y la sociedad civil llevamos años de lucha buscando que se atienda este tema. Recientemente más de 400 organizaciones y personas en Puerto Rico firmaron la Declaración por la Crisis Climática la cual busca que se atienda la crisis desde todos los componentes esenciales de la sociedad: “presupuesto, economía, energía, transportación, agricultura, salud, educación, infraestructura, vivienda, las artes y las ciencias, entre otras.”
La crisis climática lleva más de 30 años siendo estudiada y discutida en las diferentes esferas locales e internacionales. Si la crisis climática no se ha atendido con la determinación y rapidez que merece en Puerto Rico, no es por escasez de información, ni por ausencia de reclamos, sino por ausencia de compromiso de los políticos y de las agencias de gobierno. Cabe recordar que el exgobernador Ricardo Roselló se opuso a la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París. En ese entonces, Roselló se unió a las voces de distintas jurisdicciones en Estados Unidos como Nueva York, California y Washington en favor de cumplir con el Acuerdo de París. Sin embargo, en la práctica el gobierno sigue apostando a la generación de energía basada en combustibles fósiles y la legislación existente no es suficiente para lograr los cambios necesarios en el tiempo que nos queda.
Alianza Energía Renovable Ahora 