La Comisión Reglamentadora de Energía Federal (FERC, por sus siglas en inglés) determinó que el Terminal de Gas “Natural” Licuado (GNL) de la compañía New Fortress Energy en el Puerto de San Juan se construyó y opera sin cumplir con la Ley Federal de Gas Natural, informaron las organizaciones de la Alianza de Energía Renovable Ahora (AERA).
Por lo tanto, la agencia federal asumirá jurisdicción, requiriéndole a New Fortress someter una solicitud para determinar si procede o no autorizar la operación del terminal.
La decisión de FERC responde a múltiples reclamos y gestiones de las comunidades cercanas al Terminal no autorizado de New Fortress, así como grupos religiosos, ambientales y civiles puertorriqueños. Las organizaciones que componen a AERA y otras entidades advirtieron al ente federal sobre la peligrosidad que representa el Terminal de GNL de New Fortress altamente explosivo y contaminante.
New Fortress comenzó la construcción y operación del terminal en el Puerto de San Juan para suplir gas metano a las unidades 5 y 6 de la Central Eléctrica en Puerto Nuevo y a empresas privadas. Además, New Fortress construyó el terminal sin cumplir con el requisito de preparar una consulta de ubicación y sin oportunidad para que las comunidades cercanas y los grupos afectados participaran de vistas públicas.
“Sentimos algo de alivio al saber que al fin se va a comenzar a intervenir con esta situación que nos preocupa porque no queremos que ocurra otro accidente como Capeco o como Humberto Vidal. No se puede esperar que ocurra una tragedia para entonces tomar acción. Todas las vidas valen y las personas merecen sentirse seguras donde residen”, aseveró Sary N. Rosario, residente de Puerto Nuevo Norte.
La volatilidad del gas metano expone a comunidades vulnerables a riesgos de accidente por explosión, ya que las residencias más cercanas al terminal de New Fortress se encuentran aproximadamente a 400 metros de distancia de esta facilidad. De igual manera, la quema de gas metano causa problemas respiratorios, incluyendo asma, entre otros efectos adversos a la salud de los residentes, lo cual es especialmente peligroso en tiempos de la pandemia de COVID-19, aseguró Rosario.
Las organizaciones de AERA y diferentes sectores del país han alzado sus voces de alerta ante los riesgos de seguridad y salud que esta operación representa, especialmente para las comunidades de Sabana, Amelia y Vietnam de Guaynabo, y para la Barriada Borinquen y Puerto Nuevo Norte de San Juan.
“Las personas que viven cerca de este terminal tienen preocupaciones legítimas concernientes a su vida y salud”, resaltó Rosario. “Este es un asunto de eco-justicia para las comunidades y también de justicia climática, ya que la quema de combustibles fósiles como lo es el gas metano contribuye a las nefastas consecuencias de la crisis climática”.
Las organizaciones que componen a AERA y la Hermandad Pastoral de Puerto Nuevo, que incluye a pastores de iglesias en estas comunidades, solicitaron la intervención de FERC en este caso. Felipe Lozada Montañez, Obispo Emérito de la Iglesia Evangélica Luterana en Puerto Rico, indicó que “defender la vida es lo principal y una parte fundamental es defender el ambiente, que es parte de la creación”.
New Fortress también se encuentra bajo investigación legislativa por las irregularidades bajo las cuales construyó y está operando el terminal.
AERA promueve la propuesta de Queremos Sol (queremossolpr.com) que reclama a la AEE la instalación de sistemas solares en los techos de las propiedades de las y los abonados como principal alternativa de generación de energía eléctrica en Puerto Rico.
La compañía LUMA Energy pretende lucrarse con los fondos millonarios de FEMA para la reconstrucción del sistema energético sin ser fiscalizada ni tener que darle explicaciones al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), denunciaron las organizaciones ambientales de la Alianza Energía Renovable Ahora (AERA). Ante esto, reclaman que se anule ya el contrato de LUMA
La compañía LUMA Energy pretende lucrarse con los fondos millonarios de FEMA para la reconstrucción del sistema energético sin ser fiscalizada ni tener que darle explicaciones al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), denunciaron las organizaciones ambientales de la Alianza Energía Renovable Ahora (AERA). Ante esto, reclaman que se anule ya el contrato de LUMA Energy.
“LUMA intenta incumplir con una orden del NEPR del 17 de febrero del 2021 que le exigió justificar las cantidades excesivas y abusivas que pretende cobrarle a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y por ende a nosotros, los que pagamos las facturas”, declaró Pedro Saadé, abogado ambiental. “LUMA ha facturado $88 millones desde mediados de junio del año pasado, de los cuales la mayoría ($52 millones) no tiene explicación, detalle o justificación. La orden del NEPR debe cumplirse. Esto es un ejemplo de los abusos que nos esperan en los próximos años con este contrato de LUMA, una vez ejerza el control completo del sistema eléctrico, como pretende”.
A la moción del 17 de febrero del NEPR, LUMA Energy reaccionó cuestionando la facultad del Negociado de requerirle información sobre los costos y gastos que está facturándole a la ciudadanía puertorriqueña, ya que le brinda informes mensuales a la Autoridad de Alianzas Público Privadas (AAPP). Según LUMA, solo la AAPP tiene esa autorización de pedirles documentación y no el ente regulador de energía, lo cual es un argumento incorrecto de la nueva empresa que estaría cargo de administrar la AEE, explicó Saadé.
El abogado indicó que la legislatura le dio al NEPR la responsabilidad de reglamentar, supervisar y hacer cumplir la política pública energética del Gobierno de Puerto Rico. Por ende, si el NEPR no hace su labor, LUMA retrasa cualquier objetivo en la política energética y dejaría de ser regulada. La AAPP tiene un rol, pero no regula los servicios energéticos que se ofrecen al país.
“LUMA pretende apropiarse de los fondos de FEMA e impedir que la AEE utilice los fondos federales para instalar placas con baterías en los techos de las y los abonados”, denunció, a su vez, la abogada Ruth Santiago, portavoz del Comité Diálogo Ambiental.
Las organizaciones de AERA cuestionaron que LUMA esté reacia a compartir información de interés público, que incluso puede ser de vital importancia para anticipar un aumento en la tarifa eléctrica. “Exigimos al Negociado de Energía que cumpla con su rol en garantizar tarifas razonables y prudentes para el país y no permitir que LUMA o cualquier otra compañía de energía oculte información”, reclamó Adriana González, del Sierra Club de Puerto Rico.
Por su parte, Amy Orta, coordinadora de política pública ambiental en El Puente-Enlace Latino de Acción Climática, planteó que “nuevamente quedaremos abandonados por el gobierno si se llega a cumplir con las peticiones de LUMA y si no se anula el contrato. Es totalmente inaceptable lo que está sucediendo, en especial cuando pagamos tanto en nuestra tarifa de electricidad y no hay transparencia sobre en qué fueron los gastos sometidos en los reportes”.
Piden que se anule el contrato
Han sido muchos los cuestionamientos públicos al contrato de LUMA Energy, entre estos que puede ser anulado por LUMA en caso de un huracán catastrófico, dejando a la población sin electricidad. Otra de las inquietudes de las organizaciones de AERA es que no se avance hacia energía renovable y se continúe con los proyectos de combustibles fósiles contaminantes.
“El contrato de LUMA pretende perpetuar la dependencia del petróleo, diésel y el gas natural, basada en una economía de extracción que afecta la salud de nuestras comunidades y que empeora nuestra posición frente al cambio climático. El contrato de LUMA nos alejará de alcanzar las metas de energía renovable que han sido demostradas como viables en el estudio reciente de Queremos Sol y la organización Cambio”, indicó Sary Rosario, de AERA.
Finalmente, Timmy Boyle, de la Alianza Comunitaria Ambiental del Sureste (ACASE), se unió a las voces que expresan grave preocupación por el contrato de LUMA Energy. “Si LUMA que lleva menos de un año en Puerto Rico, está tratando de evadir preguntas por parte del Negociado de Energía, qué se puede esperar de ellos en los próximos 15 años”, concluyó.
Nota: Noticia escrita por Gerardo Alvarado para El Nuevo Día
CAMBIO y otras organizaciones exhortan a que la AEE utilice desde ahora los fondos federales autorizados y disponibles para la rehabilitación del sistema eléctrico.
Si la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) comienza desde ahora a invertir los $9,650 millones de fondos federales autorizados y disponibles para instalar placas solares en techos y baterías de almacenamiento, al cabo de 15 años (2035) el 100% de los hogares en Puerto Rico tendría sistemas de generación con fuentes renovables confiables y constantes, es decir, se les proveería resiliencia.
Un alto número de comercios también podría instalar placas solares –en techos y estacionamientos– y baterías, lo que reduciría la vulnerabilidad a nivel familiar y comunitario frente a emergencias como los huracanes Irma y María, en 2017, y los terremotos del año pasado.
Los sistemas a instalarse tendrían una capacidad de 2.7 kilovatios en techos y baterías de 12.6 kilovatios-hora, lo suficiente como para cubrir la demanda básica de un hogar, entiéndase, la nevera, lavadora, abanicos, iluminación y algunos electrónicos. Se estima que, en la isla, hay un millón de hogares, que podrían inyectar unos 2,700 megavatios de energía limpia a la red.
Con esta acción, los costos del sistema eléctrico se ubicarían por debajo de los 15 centavos por kilovatio-hora en 2035, lo que representaría una reducción de seis centavos respecto al 2019. En otras palabras, los puertorriqueños sacarían menos dinero de su bolsillo para pagar la luz.
Además, la isla podría alcanzar el 75% de generación con fuentes renovables y reducir, a su vez, los costos de compra de combustible a $430 millones al año. En 2019 y 2020, dichos costos superaron los $1,400 millones al año, según cifras de la AEE. El 75% de generación con fuentes renovables excedería –por mucho– la meta establecida por ley de 40% para 2025 y 60% para 2040. En 2050, el 100% de la generación debe ser con fuentes renovables.
Estos, a grandes rasgos, son los principales hallazgos del “Estudio de integración del recurso solar distribuido en Puerto Rico”, divulgados hoy, miércoles, y que modeló la propuesta energética del colectivo Queremos Sol con datos de la AEE sobre los sistemas de generación, transmisión y distribución.
El estudio fue coordinado por la organización CAMBIO, en colaboración con el Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA, en inglés), con expertos en planificación de recursos energéticos y en modelaje de sistemas de transmisión y distribución, como Agustín Irizarry, catedrático del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico. También, colaboraron las firmas Telos Energy, EEPlus y Energy Futures Group.
En conferencia de prensa virtual, la presidenta y cofundadora de CAMBIO, Ingrid Vila, resaltó que el estudio “provee información nueva y útil que muestra cómo transformar radicalmente el sistema eléctrico utilizando el sol y los techos como base”. Los sistemas fotovoltaicos que se instalarían en hogares y comercios, dijo, tendrían suficiente capacidad para “atender las cargas críticas”.
La AEE sería la encargada de acceder a los fondos federales, comprar las placas solares y baterías y coordinar su instalación en los hogares y comercios. Los ciudadanos no tendrían que hacer peticiones individuales.
De acuerdo con la ingeniera, el estudio también demuestra que “no hay necesidad de usar el dinero público en nuevas plantas de combustibles fósiles o en conversiones a gas natural de plantas existentes”, como promueve la AEE en el Plan Integrado de Recursos y, más recientemente, en el Plan de Infraestructura de 10 años que sometió a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) detallando el uso de los fondos autorizados.
“Insistiendo en lo mismo no podemos esperar resultados distintos. Aun cuando se adoptan discursos sobre las fuentes renovables, las acciones de la Autoridad no guardan relación con sus palabras, y el ejemplo más reciente es el plan a 10 años presentado a FEMA, que dejó en cero la inversión para energía renovable”, expresó Vila.
El estudio concluyó, incluso, que es posible retirar la generación base de combustibles fósiles sin comprometer la estabilidad de la red, comenzando con la cogeneradora AES Puerto Rico, en Guayama (carbón), y siguiendo con las termoeléctricas Palo Seco, en Cataño, y Aguirre, en Salinas (petróleo). Las unidades restantes, como las de la central San Juan (gas natural), se utilizarían, si algo, muy pocas horas al año con 75% de energía con fuentes renovables, lo que reduciría la dependencia histórica en el sistema de transmisión.
Un estudio “muy diferente”
Por otro lado, el ingeniero Irizarry mencionó que el estudio “es uno muy diferente a los que normalmente se hacen en la industria”, y resaltó que “recreó” el 89% del sistema de distribución, incluyendo las islas municipio de Vieques y Culebra. Esto último, destacó, permitió modelar cómo funcionaría una red que generaría la mayor parte de su electricidad con placas solares en techos en hogares y comercios.
“En el sistema de hoy, las plantas están ubicadas en las costas porque el combustible llega en barco y dependemos grandemente del sistema de transmisión para llevar la energía desde las centrales hasta los hogares. Nuestra propuesta es que ubiquemos la generación (con placas solares) y el almacenamiento en el sistema de distribución (más cerca del consumo)”, explicó.
“Con nuestra propuesta, tendríamos un millón de hogares con sistemas solares en los techos y baterías de almacenamiento para que, cuando llegue el próximo huracán como María, no muera nadie por falta de electricidad. Estos son resultados contundentes de que existe una forma de suministro de energía resiliente y robusta”, agregó.
De acuerdo con Irizarry, la propuesta “aprovecha al máximo la red existente” y, con una inversión “modesta”, que estimó en $650 millones, se podrían hacer las mejores necesarias en el sistema de distribución. “Por ser un despliegue distribuido, serán muy pocas las veces que el sistema no pueda aceptar la energía, aparte de que la estamos almacenando, algo que no ocurre con las fincas solares”, señaló.
Indicó, igualmente, que bajo el escenario que propone el estudio se reducirían hasta en 70% las emisiones de dióxido de carbono (CO2), uno de los gases de efecto invernadero que contribuye al cambio climático. “Eso son cifras importantes, que nos ponen en una condición de ‘standing’ moral atendiendo el cambio climático. Nos pondría en la misma liga de la respuesta al cambio climático que ahora tienen planificada los países europeos”, acotó.
Según Irizarry, al momento hay “decenas de miles” de hogares con sistemas solares y baterías en Puerto Rico, pero, a su juicio, ese número “no es confiable”, pues solo considera a los clientes que tienen acuerdos de medición neta con la AEE. “Después del huracán María, sabemos que la cantidad es más”, dijo.
Más barato que lo actual
Entretanto, Cathy Kunkel, analista de finanzas en energía del IEEFA, resaltó que la propuesta supone $5,000 millones menos en inversión que el Plan Integrado de Recursos, y es $500 millones anuales “más barata” que el costo total del sistema eléctrico actual.
“La transformación hacia la autosuficiencia energética permitiría tener precios estables y razonables con menos inversión en los sistemas de transmisión y distribución que la propuesta por la Autoridad”, dijo Kunkel, al insistir en que, si la AEE “usa desde ahora los fondos federales para establecer este plan”, el costo del sistema podría bajar de los 15 centavos por kilovatio-hora en 2035.
“Estas inversiones en renovables estabilizarían la tarifa, ya que se reduce la dependencia en los mercados fluctuantes de combustibles fósiles. La Autoridad ha gastado más de $1,400 millones al año en combustibles importados y este escenario reduciría esa factura de combustible a $430 millones. El gobierno federal permite que los fondos se inviertan en la construcción de una red de energía limpia y renovable, como la propuesta con este modelo”, acentuó.
Kunkel mencionó que, además de las asignaciones autorizadas por FEMA, se prevén $1,900 millones en fondos de Vivienda federal para el sector energético, que también podrían servir para apoyar el despliegue de energía renovable distribuida y almacenamiento. “Pero aún no sabemos cómo se va a usar ese dinero”, declaró.
A la propuesta presentada hoy, habría que añadirle los costos resultantes de la renegociación de la deuda de la AEE, así como del Sistema de Retiro de la corporación pública. Ambos asuntos están bajo discusión ante la jueza federal Laura Taylor Swain, quien preside los casos de quiebra bajo el Título III de la ley federal PROMESA. Aun así, los conferenciantes insistieron en que su propuesta sería más costo-beneficiosa y costo-efectiva que cualquier otra.
Mientras tanto, Vila informó que los resultados ya fueron compartidos con la gerencia de la AEE y los comisionados del Negociado de Energía de Puerto Rico. Próximamente, se compartirán con “otros sectores” e iniciará una campaña de divulgación masiva.
A preguntas de El Nuevo Día sobre el posible rol del consorcio privatizador LUMA Energy en la propuesta, la ingeniera respondió: “Los que aquí estamos presentando somos parte de Queremos Sol y entendemos que el contrato de LUMA es nulo y nos oponemos a ese proceso de privatización. En adición a eso, el contrato propiamente no tiene métricas que exijan el cumplimiento (de LUMA) con las metas de energía renovable. Dicho eso, la propuesta que presentamos no debe estar sujeta ni al modo de operación de la Autoridad de Energía Eléctrica ni a quien sea que gobierne el país. Esta es una propuesta de país, y es para transformar el presente y futuro de Puerto Rico”.
Reiteró que la propuesta “es una ruta que procura que nadie se quede rezagado”, por lo que instó al gobierno a comprometerse con su adopción y ejecución. A su juicio, los fondos federales autorizados y disponibles para la reconstrucción de la red representan la oportunidad de lograr “una transformación que beneficie a la gente”.
Vila indicó, por último, que el estudio se realizó durante el pasado año, y es resultado –en parte– de un litigio de CAMBIO contra la AEE para obtener acceso a documentos públicos. El estudio se hizo en consulta y con la participación de organizaciones laborales, ambientales y comunitarias proponentes de Queremos Sol, con una subvención de Filantropía Puerto Rico.
El acuerdo con la carbonera culmina en siete años.
Distintas organizaciones exigieron hoy al gobierno la cancelación del contrato con la carbonera Applied Energy Systems (AES) que, según denunciaron, afecta y pone en peligro la vida de miles de residentes en el sur de la Isla.
“Hoy, a siete años para que venza el contrato con AES, le pedimos enérgicamente a la gobernadora Wanda Vázquez que cancele de una vez y por todas este contrato. Los puertorriqueños que vivimos en el sur no aguantamos siete años más de contaminación que nos enferman y envenenan cada día más. Cancelen ya este contrato, nuestra vida y salud vale más que cualquier cosa”, exigió Timmy Boyle, portavoz del grupo Resistencia Contra la Quema de Carbón y sus Cenizas Tóxicas.
Boyle detalló que llevan 18 años pidiendo la cancelación de dicho acuerdo. “AES nos sigue matando y el gobierno no hace nada, AES se tiene que ir y punto. ¿Cómo es posible que se mantenga activo por siete años más un contrato con una empresa que acepta y reconoce que nos envenena?”, cuestionó.
Al llamado se unieron la Fundación Médica del Colegio de Médicos Cirujanos, la Alianza Comunitaria Ambiental del Sureste, el Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores, El Puente, Enlace Latino, Sierra Club, Yabucoeños por el Ambiente, Red Continental Cristiana por la Paz, Alianza Energía Renovable Ahora y la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), que también solicitó la cancelación del contrato con Luma Energy.
“Este es el país que le encanta dar contratos a compañías que vienen a beneficiarse a costa de los puertorriqueños. No solo exigimos la cancelación del contrato de AES, exigimos la cancelación del contrato con Luma Energy que quiere venir a aumentar el costo de la energía en este país y a dejar sin trabajo cerca de cinco mil puertorriqueños. Queremos ambos contratos cancelados ya”, puntualizó Boyle.
Del mismo modo, el presidente de la Utier, Ángel Figueroa Jaramillo, exigió la cancelación de los contratos con AES y Luma.
“El gobierno tiene que cancelar ambos contratos. El de AES por quebrantar la salud y enfermar a los ciudadanos de Puerto Rico y el de Luma por ser un contrato leonino que en nada beneficia al pueblo. Luma y AES tienen que salir de Puerto Rico y es ya”, sentenció Figueroa Jaramillo.
Las organizaciones llevaron su reclamo durante la mañana de hoy frente al edificio de la Autoridad de Energía Eléctrica en Santurce.
La carbonera Applied Energy Systems ubica en Guayama.
Grupos ambientalistas denuncian que la compañía comenzó a crear esta infraestructura en los muelles A, B y C de la bahía sin revisiones de índole ambiental, sin estudios de riesgo y sin informarle a las comunidades aledañas.
El Sierra Club de Puerto Rico, grupos comunitarios del barrio Sabana en Guaynabo y El Puente: Enlace Latino de Acción Climática presentaron una demanda contra la compañía de importación de gas metano “New Fortress”.
Desde el año pasado estos grupos han levantado la alerta sobre el desarrollo de un muelle de importación de gas metano licuado altamente volátil, conocido también como gas natural licuado, en la Bahía de San Juan.
La compañía “New Fortress” comenzó a crear esta infraestructura en los muelles A, B y C de la bahía sin revisiones de índole ambiental, sin estudios de riesgo y sin informarle a las comunidades aledañas. Las entidades demandantes buscan detener la importación de gas metano y las operaciones de dicha empresa en la Bahía de San Juan.
Entre las alegaciones se incluye pruebas de que “New Fortress” construyó y opera el proyecto de gas sin poseer una Consulta de Ubicación ni una Declaración de Impacto Ambiental. La misma empresa “New Fortress” ha reconocido que existen riesgos de accidentes, derrames, explosiones y fuegos en su proyecto de gas. La demanda presenta pruebas de que la empresa violó el debido proceso de ley y las comunidades no recibieron ninguna notificación ni tuvieron acceso a un proceso de vistas públicas.
El gas metano, también conocido como gas natural, es un combustible fósil que no tenemos en Puerto Rico y al igual que el petróleo está atado a un mercado con fluctuaciones económicas. Los muelles de importación de gas metano licuado son peligrosos e incensarios. Un liqueo o explosión en caso de accidentes crea unas nubes de alta peligrosidad por fuegos y explosiones, tanto en las inmediaciones del accidente como a considerables distancias donde se desplace la nube volátil, las cuales pueden ser transportadas por los vientos y otras condiciones.
Organizaciones ambientales denuncian que, en solo tres meses, LUMA ha facturado $26.3 millones en contratos para ejecutivos, abogados y publicidad, entre otros.
7 de octubre de 2020, SAN JUAN, PR – Las organizaciones ambientales que integran la Alianza Energía Renovable Ahora (AERA) denunciaron que la facturación millonaria de LUMA Energy, ascendente a $26.3 millones en apenas dos meses y medio, demuestra que la compañía vino a enriquecerse del pueblo de Puerto Rico a través de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
Examinados los informes de reclamo y facturación de LUMA Energy presentados al Negociado de Energía de Puerto Rico para los meses de junio a agosto de 2020, las organizaciones de AERA destacaron que LUMA facturó un total de $26.3 millones. Esta cantidad, para menos de tres meses, incluye un total de $283,492 en honorarios de abogados, $150,000 en publicidad y $301,237 para sus ejecutivos.
“¿Cuantos celadores o empleados de la AEE se pagan por todo un año con tal cantidad?”, expresó Adriana González, organizadora de base del Sierra Club Puerto Rico e integrante de AERA. “Aún más indignante, los informes de estas facturas de LUMA no indican el costo por cada servicio que subcontrató la compañía, como es lo debido. Si las facturas no detallan cuánto y a quiénes se le pagó con fondos públicos, no están justificadas”.
Las organizaciones cuestionaron, además, que los multimillonarios fondos asignados por FEMA para la reconstrucción de la AEE no incluyen ni un centavo para energía renovable y que, como ya se evidencia con esta facturación, irán a enriquecer a LUMA, como pasó anteriormente con las compañías Cobra Energy y Whitefish.
“Denunciamos que el gobierno de Puerto Rico una vez más no está poniendo en prioridad las necesidades del país, ya que son ellos son los que deciden cómo manejar los fondos bajo los parámetros de FEMA”, planteó González.
Por su parte, Lydia Díaz, del Comité Yabucoeño Pro Calidad de Vida (YUCAE), indicó que “es lamentable que esta asignación de fondos de casi $10 mil millones de dólares para transformar el sistema eléctrico no tenga un destino para renovables. Necesitamos no una mejora al sistema obsoleto que tenemos, necesitamos una verdadera transformación que vaya acorde con la política pública energética establecida por la Ley 17-2019de tener el 100% de energía de fuentes renovables para el 2050”.
“¿Cuántos paneles solares se hubieran podido instalar en los techos con $26 millones de dólares? No falta el dinero, falta la voluntad. Es por esto que no podemos dejar que los fondos de FEMA vayan a enriquecer a LUMA”, señaló Amy Orta Rivera, de la organización El Puente-Enlace Latino de Acción Climática.
Sobre LUMA, los líderes de organizaciones ambientales recalcaron que, en sus reportes de gastos hasta este momento, la compañía menciona que si no obtienen los fondos de FEMA, tendría un impacto negativo en sus proyectos.
“Sin la existencia de los $10 mil millones de dólares de FEMA, LUMA no estaría en Puerto Rico. ¿Vienen a transformar el sistema o vienen a enriquecerse? Nadie viene a hacer negocios para perder dinero. Aquí quienes están haciendo dinero son los ejecutivos y abogados de LUMA”, manifestó Timmy Boyle, de la Alianza Comunitaria Ambientalista del Sureste (ACASE).
Las organizaciones de AERA explicaron que actualmente los fondos anunciado por FEMA van dirigidos a arreglar el mismo sistema eléctrico obsoleto y centralizado que tiene la AEE, y que queda a merced de cualquier otro huracán. “Buscamos un sistema eléctrico descentralizado, donde la generación de energía se produzca cerca de donde se estará utilizando. Eso es un sistema verdaderamente resiliente, donde todos los ciudadanos podemos contribuir a la generación de energía”, concluyó Boyle.
San Juan – Las organizaciones ambientales que integran la Alianza Energía Renovable Ahora (AERA) rechazaron este martes que el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) aprobara un Plan Integrado de Recursos (PIR) para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) con un enfoque en la privatización, la gasificación de las centrales de Palo Seco y San Juan, y que mantiene los contratos con AES y EcoEléctrica al igual que contratos de alto costo de tecnologías renovables a gran escala en fincas de valor ecológico.
“Los sistemas de paneles solares en techos con sistemas de almacenamiento (baterías) y programas de eficiencia energética serían la mejor opción de energía renovable para Puerto Rico”, aseguró Julia Mignucci, portavoz de Mayagüezanos por la Salud y el Ambiente, en comunicación escrita.
Sin embargo, reprochó que el Negociado permitirá que el plan de energía renovable se implemente a través de solicitudes de propuestas y contratos de compra de energía.
Esto implica que implementar la energía renovable quedará en manos de compañías privadas, no la AEE.
“El balance del PIR es negativo porque sigue empujando el modelo de privatización de la AEE”, afirmó Federico Cintrón Moscoso, portavoz de AERA y director ejecutivo de la organización El Puente – Enlace Latino de Acción Climática.
“La AEE otorgó un contrato multimillonario a New Fortress Energy sin esperar a que se aprobara primero el PIR y ahora el Negociado de Energía lo ratifica. El Negociado de Energía debe ordenar que se cancele inmediatamente el contrato”, exigió Adriana González, organizadora de base de Sierra Club Puerto Rico.
Las organizaciones de AERA criticaron, además, que el Negociado de Energía autorizó 5 millones de dólares para que la AEE comience la planificación de una nueva unidad de gas y almacenamiento de energía en la central Palo Seco, y que el PIR aprobado no eliminó el contrato a la carbonera AES Puerto Rico.
“El PIR no contempla el retiro de la planta de carbón en Guayama antes del 2027. Las comunidades que se han visto afectadas por la quema de carbón por casi 18 años, necesitan un PIR que proteja su salud”, comentó Timmy Boyle, portavoz de la Alianza Comunitaria Ambientalista del Sureste.
Montaña de cenizas
Lydia Diaz de Comité Yabucoeño Pro-Calidad de Vida explicó que, en el PIR, el Negociado de Energía requirió que la AEE, dentro de 60 días, desarrolle un borrador del plan de adquisiciones para energías renovables y almacenamiento a través de la privatización que tan caro le ha salido a Puerto Rico.
Víctor Alvarado Guzmán, portavoz del Comité Dialogo Ambiental cuestionó que los 2 mil millones de dólares aludidos en el PIR para trabajos en el sistema de transmisión vaya a enriquecer a LUMA Energy y sus afiliadas y perpetuar la transmisión de energía de las grandes plantas contaminantes en el sur al norte de Puerto Rico.
No obstante, las organizaciones ambientales de AERA celebraron el rechazo del Negociado de Energía a otros proyectos de gas natural que proponía la AEE en el PIR.
El Negociado de Energía rechazó específicamente el Plan de Modernización del Sistema de Energía de la AEE, que incluía los planes para desarrollar nuevas plantas de gas natural en San Juan, Mayagüez y Yabucoa, porque no demuestra un beneficio económico.
“Esto es un triunfo de acción comunitaria y participación ciudadana. Las organizaciones ambientales de AERA luchamos para que se nos incluyera como interventores en el proceso del PIR, que la AEE quería llevar a cabo a puertas cerradas”, destacó la activista Myrna Conty, coordinadora de la Coalición de Organizaciones Anti-Incineración.
“Conseguimos que se celebraran cinco vistas públicas alrededor de Puerto Rico, que estuvieron abarrotadas de ciudadanos preocupados por los planes para construir más terminales y plantas de gas metano en San Juan, Mayagüez y Yabucoa. Nos alegra que el Negociado de Energía haya descartado estos planes al escuchar las preocupaciones presentadas por las organizaciones y el pueblo de Puerto Rico”, acotó Amy Orta, coordinadora de política ambiental de El Puente – Enlace Latino de Acción Climática.
Organizaciones ambientales de AERA urgen unas reformas profundas en la AEE hacia energía renovable
SAN JUAN, PR – Anular el contrato con Luma Energy y transformar la gobernanza de la Autoridad de Energía Eléctrica para impulsar un sistema basado en energía renovable debe ser la prioridad del gobierno tras el cambio de mando del director ejecutivo en la corporación pública.
Así lo plantearon varios miembros de las organizaciones ambientales y comunitarias que integran la Alianza Energía Renovable Ahora (AERA) al reclamar que la Junta de Gobierno de la AEE y el nuevo director ejecutivo Efran Paredes deben implantar reformas profundas.
“Esta transición a nivel ejecutivo en la Autoridad debe utilizarse como oportunidad para implementar un cambio dramático en la dirección y en la gobernanza de esa entidad pública”, destacó Ingrid M. Vila, presidenta de CAMBIO, organización que forma parte de AERA.
“El pueblo ha sido testigo de que sustituir individuos en el gobierno no implica que las cosas realmente cambien. Hay que exigir reformas profundas en propósito, con el bien común como norte, que incluyan rendición de cuentas, transparencia y amplia participación ciudadana”, añadió.
“El pueblo ha sido testigo de que sustituir individuos en el gobierno no implica que las cosas realmente cambien. Hay que exigir reformas profundas en propósito, con el bien común como norte, que incluyan rendición de cuentas, transparencia y amplia participación ciudadana”.
Ingrid M. Vila, presidenta de CAMBIO
Además de cambios en la gobernanza, AERA está exigiendo que se cancele el contrato de Luma Energy por varias razones: la AEE pasará a un monopolio en manos privadas; se aumentará la factura de la luz; se invertirá en combustibles fósiles, gas natural y no en energía renovable y el contrato costará $1,500 millones solo para gerenciar la AEE, ni siquiera para arreglar el sistema eléctrico de Puerto Rico.
La abogada ambientalista Ruth Santiago, de la propuesta Queremos Sol y de AERA, manifestó por su parte la inquietud de cómo se utilizarán los fondos federales para la AEE.
“Las noticias indican que el gobierno va a recibir fondos ascendentes a miles de millones de dólares. Sin embargo, muy poco del dinero está destinado a la instalación de sistemas solares en los techos o cerca del lugar de consumo”, comentó.
Santiago añadió que hay que detener el contrato de Luma Energy, que no es positivo para el pueblo. “El plan del gobierno, el llamado Plan de Modernización de la Red, que se supone ejecutará Luma Energy, si llegan los fondos de FEMA propone perpetuar la generación con combustibles fósiles y la transmisión de energía centralizada, especialmente nueva infraestructura de gas metano “natural”, altamente explosivo, que conlleva inversiones de miles de millones de dólares con una fuerte dependencia continua de la transmisión de electricidad desde el sur de Puerto Rico hasta el norte del País”.
El gobierno va a recibir fondos ascendentes a miles de millones de dólares. Sin embargo, muy poco del dinero está destinado a la instalación de sistemas solares en los techos o cerca del lugar de consumo.
Recomendaciones para la gobernanza de la AEE
En cuanto a la gobernanza que se necesita para la AEE, la propuesta del proyecto Queremos Sol y que apoya AERA, plantea los siguientes puntos:
Despolitizar y democratizar la AEE
Los miembros de la Junta de la AEE deben ser designados o electos a términos fijos y deben tener cualificaciones profesionales relevantes y peritaje de energía. El gobernador elegiría tres miembros de la junta de una lista sometida por organizaciones ambientales, uniones obreras y organizaciones de pequeños negocios. Los restantes cinco serían escogidos por la Liga de Cooperativas, la Asociación de Economistas, facultad de ingeniería de universidades de Puerto Rico y por el pueblo (dos representantes del consumidor).
El director ejecutivo debe ser nombrado por la Junta, tras un proceso abierto de reclutamiento. El proceso se transmitirá en directo.
Debe realizarse una reforma de contratos y examinar el cumplimento de estos.
Reestructuración interna de la AEE para que no estén centralizadas en una oficina las operaciones potencialmente conflictivas, particularmente la compra de combustible.
Que se cree por ley una Junta Consultiva del Consumidor, una organización sin fines de lucro que actúe como consultora ciudadana de la AEE.
Lograr atraer y retener trabajadores diestros y reducir costos administrativos. Incluir oportunidades de adiestramiento de la fuerza laboral en energía renovable.
Que el cambio climático sea eje de la toma de decisiones en la AEE.
La tormenta Isaías vino acompañada de otro apagón en el servicio esencial de electricidad. Las pocas personas afortunadas que tienen un sistema solar en el techo de sus casas con baterías se libran de estos apagones pero claro está, con una tasa de pobreza que ronda el 50% de la población de Puerto Rico, la inversión inicial requerida para adquirir estos equipos no es una opción para la mayoría de la población.
Estos apagones provocaron otro: la petición de renuncia a José Ortiz, director de la Autoridad de Energía Eléctrica, cuyo desempeño fue criticado públicamente hasta por la gobernadora. Más allá de su salida, está pendiente ahora qué pasará con la AEE y su privatización.
Las noticias indican que el gobierno va a recibir fondos ascendentes a miles de millones de dólares. Sin embargo, muy poco del dinero está destinado a la instalación de sistemas solares en los techos o cerca del lugar de consumo. El plan del gobierno, el llamado Plan de Modernización de la Red, que se supone ejecutará Luma Energy, si llegan los fondos de FEMA propone perpetuar la generación con combustibles fósiles y la transmisión de energía centralizada, especialmente nueva infraestructura de gas metano “natural”, altamente explosivo que conlleva inversiones de miles de millones de dólares con una fuerte dependencia continua de la transmisión de electricidad desde el sur de Puerto Rico hasta el norte del País, particularmente al área metropolitana de San Juan.
A pesar de que el gobierno habla mucho sobre energía renovable, propone poco o nada y hace menos para lograr el empoderamiento energético de las comunidades a través de sistemas solares y baterías utilizando el “Recurso Techo”, la eficiencia y el manejo de la demanda energética, entre otras alternativas como propone la propuesta de la Coalición Queremos Sol.
Estos apagones provocaron otro: la petición de renuncia a José Ortiz, director de la Autoridad de Energía Eléctrica, cuyo desempeño fue criticado públicamente hasta por la gobernadora.
Ruth Santiago, abogada ambiental
Lejos de promover alternativas energéticas adaptadas a la realidad puertorriqueña desde la propia corporación pública, José Ortiz, la alta gerencia de la AEE y el gobierno han estado en campaña para adelantar instalaciones del explosivo gas metano, particularmente en las plantas de San Juan, Palo Seco y Mayagüez y una nueva en Yabucoa. Aclaramos que el gas “natural” metano constituye la sustitución de un grupo de contaminantes como los óxidos de azufre y nitrógeno por otros, los compuestos orgánicos volátiles.
Las cantidades multibillonarias en fondos federales representan un gran negocio para las industrias del gas metano y las afiliadas de Luma.
Este plan y el contrato de Luma se asemejan mucho a la decisión a finales de la década de 1990 donde el gobierno aprobó la construcción de la planta de carbón AES en Guayama. En pleno siglo 21 en Puerto Rico se comenzó a quemar carbón para generar energía con todas las consecuencias nefastas que eso ha conllevado, como impactos a la salud pública y la contaminación del Gran Acuífero del Sur, la única fuente de agua potable para decenas de miles de boricuas. Ahora, el país es rehén de AES y su contaminación que aún no ha limpiado el acuífero y propone seguir operando.
Necesitamos evitar otro desastre provocado por el hombre, esta vez con gas “natural” y con transmisión que resulta vulnerable a los huracanes y a otros eventos climáticos cada vez más frecuentes e intensos. Esperamos que quien sustituya a José Ortiz tenga una agenda de transformar el sistema eléctrico para beneficio del pueblo.
Aunque celebran la salida de José Ortiz, reclaman que la política pública del gobierno se mueva hacia un sistema eléctrico de energía renovable
SAN JUAN, PR – Las organizaciones ambientales de la Alianza Energía Renovable Ahora (AERA) celebraron la salida de José Ortiz como Director Ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica por su pobrísimo desempeño pero urgieron a que se atiendan ya problemas de fondo de la corporación pública.
“Aunque nos sentimos satisfechos con la salida de José Ortiz, reconocemos que con esto no se resuelven los problemas de la AEE. El problema de fondo de la autoridad es cómo la han estado administrando en los pasados años, convirtiéndola en una carga económica para Puerto Rico en lugar de ser un instrumento de desarrollo y beneficio al pueblo puertorriqueño. El empeño de José Ortiz de entregar la AEE a una compañía privada, Luma Energy, no va a terminar con su salida porque esto es una política pública del gobierno. La lucha contra la privatización no termina con esta renuncia o despido y tampoco la lucha del pueblo a favor de la energía renovable para Puerto Rico”, manifestó Timmy Boyle, de la Alianza Comunitaria Ambientalista del Sureste y portavoz de AERA.
Myrna Conty, de la Coalición de Organizaciones Anti Incineración y portavoz de AERA, indicó que “hacía tiempo tenían que haber despedido a José Ortiz, desde los contratos escandalosos multimillonarios para generadores temporeros que no se necesitaban y por insistir en la transformación de la AEE a plantas de gas metano sin consultar a las comunidades. Estaba pasada la fecha de su despido así que nos alegramos de que al fin se dio. Estamos muy pendientes ahora a quién van a escoger como su sucesor”.
“Hacía tiempo tenían que haber despedido a José Ortiz, desde los contratos escandalosos multimillonarios para generadores temporeros que no se necesitaban y por insistir en la transformación de la AEE a plantas de gas metano sin consultar a las comunidades”.
Myrna Conty, de la Coalición de Organizaciones Anti Incineración
Ante el hecho de que Ortíz ha sido un propulsor de la privatización de la AEE, Conty planteó que “ya se ha demostrado que la privatización no es la alternativa ni la solución para un sistema energético confiable. Acabamos de vivirlo en los pasados días cuando Ecoeléctrica, una compañía privada, dejó a 500,000 personas sin energía el martes antes de la tormenta Isaías. Y tan reciente como el domingo AES, otra empresa eléctrica privada, dejó a otras 100,000 personas sin luz”.
Sobre Ortiz, Conty aseguró que “es un enemigo de la energía renovable porque no estaba ayudando a cumplir la Ley 17 de 2019. La meta de esta ley que para el 2025 el 40% de la energía en Puerto Rico sea renovable y no se está encaminando a eso. Otra lección de la tormenta es que hubo familias en sitios remotos en el área sur y el área oeste que se quedaron sin electricidad y si hubieran tenido sistemas fotovoltaicos en los techos de sus casas no habrían estado sin luz. Insistimos que la transición a un sistema energético eficiente en Puerto Rico debe ser de energía fotovoltaica en los techos”.
Una de las razones por la que organizaciones que integran AERA están planteando que el contrato con LUMA Energy debe ser anulado es precisamente porque no responde a las necesidades de Puerto Rico con el cambio climático. Además, la AEE con LUMA mantiene un sistema arcaico con energías fósiles contaminantes y terminará en aumentos en las tarifas eléctricas para los puertorriqueños.
Alianza Energía Renovable Ahora 