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El Negociado de Energía de Puerto Rico aprobó el séptimo aumento consecutivo a la factura de luz, alcanzando los 33.4 centavos el kilovatio/hora. La política pública energética del país establece mediante ley, la meta de una tarifa máxima de 20 centavos kilovatio/hora. Actualmente pagamos una tarifa 167% más cara que la tarifa legislada.

Puerto Rico importa el combustible que consume, por lo que el uso de gas como solución a nuestra crisis energética solo agrava nuestro problema de dependencia. Para junio la unidad básica de gas metano (Btu) alcanzó los $9, cifra más alta desde el 2008. Debido al
conflicto entre Rusia y Ucrania no se pronostica una reducción en su costo a corto plazo. Este gas no solo es dañino al ambiente, sino que también es inaccesible, derrotando cualquier tipo de ahorro o beneficio prometido por sus promotores. Es decir, las tarifas cobradas continuarán fluctuando según los mercados y los consumidores sufriremos estos aumentos bajo el ajuste por compra de combustible.

Entre los principales beneficiarios de esto está New Fortress Energy (NFE), quien opera
un terminal de gas en la Bahía de San Juan obviando el debido procedimiento administrativo e incumpliendo con las regulaciones ambientales. NFE se enfrenta al proceso de solicitud de permisos para legitimar la operación del terminal ante la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC). Esto luego de que la Corte Federal de Apelaciones para el Distrito de DC confirmara la decisión de FERC de asumir jurisdicción sobre el terminal, decisión que NFE impugnó sin éxito. Estamos frente a un asunto de justicia climática, donde una multinacional aprovechándose del estado de emergencia en el que se encontraba Puerto Rico después de los Huracanes Irma y Maria se lucra, burlando y evadiendo la fiscalización estatal, así como los procesos de planificación requeridos por ley.

El modus operandi de NFE queda evidenciado en un reporte publicado en febrero por el
Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero. Este concluye que NFE tiene problemas de transparencia y financiamiento. Entre las irregularidades está, medir el volumen de gas procesado en medidas atípicas a la industria dando una impresión engañosa y no dejar claro a la Comisión de Valores y Bolsa que es un negocio de alto riesgo. Respecto al financiamiento, fue en el tercer trimestre de 2021 que por primera vez sus ingresos fueron positivos, aunque para el mismo periodo su deuda aumentó a $3,800 millones.

El contrato de suplido de gas entre AEE y NFE para generar energía mediante la quema
de este combustible, nos aleja de un sistema energético limpio y resiliente, que es lo que
compele la ley. Tanto la Ley 17 de 2019 como la Ley 33 de 2019, establecen objetivos claros de desplazar del sector energético el uso de combustibles fósiles, exigiendo una cartera de energía renovable de 20% para el 2022. Metas de las cuales nos encontramos muy distantes, ya que el 93% de la energía es generada mediante la quema de diésel, gas y carbón.

No podemos hacernos de la vista larga y permitir que la burocracia y el amiguismo
político hagan de estas leyes letra muerta, como ha ocurrido con otras leyes ambientales. La fiscalización y el cumplimiento de estas leyes históricamente ha recaído en las manos de ONGs e iniciativas comunitarias. Ante la inacción estatal, Queremos Sol desarrolló una alternativa diseñada y modelada con nuestro contexto isleño en mente. Esta propone la generación de energía mediante la instalación de placas solares en techos de estructuras ya existentes. Llegó la hora de que como pueblo nos hagamos las siguientes preguntas: ¿Qué preferimos? ¿La dependencia en un combustible fósil importado o la generación de energía solar limpia que satisfaga nuestras necesidades como país? ¿Esperaremos a que el gobierno voluntariamente decida cumplir con sus mandatos o salimos a exigir lo que nos merecemos?