Nuevos acuerdos ante la crisis climática

Por: Amy Orta Rivera, Coordinadora de Política Ambiental, El Puente-ELAC

18 de febrero del 2021

El viernes, 19 de febrero, Estados Unidos entra nuevamente al Acuerdo de París, el cual busca crear políticas para mitigar los gases de efecto invernadero (GEI) y adaptar a los países ante la crisis climática.

El cuatrienio de Donald Trump marcó un retroceso en estas políticas al punto en que no se podía confiar en la información sobre cambio climático provista por dependencias de gobierno como la Agencia de Protección Ambiental.

En los pasados cuatro años el cambio climático se trató como un mito. Al sector científico se le tildó de alarmista y se rechazó información fundamentada en evidencia y datos. Esto provocó que se continuara con la emisión indiscriminada de GEI, aumentando el deterioro de la salud del planeta y las comunidades más vulnerables en Estados Unidos y Puerto Rico.

El que Estados Unidos acepte los 29 Artículos que dispone el Acuerdo de París no significa que lleguemos de la noche a la mañana a un mundo con cero emisiones de GEI. Aunque la administración de Joseph Biden actualice leyes, regulaciones y órdenes ejecutivas para reducir la producción de los GEI, el proceso para alcanzar las metas establecidas tomará más tiempo. Las emisiones de los GEI tardan en descomponerse en la atmósfera de manera natural al menos 300 años. Las políticas de Trump de inacción ante el cambio climático las van a vivir las próximas 10 generaciones.

Esto nos deja saber que no podemos perder tiempo a la hora de cumplir con la legislación vigente y con aquella que se produzca o se enmiende. Por eso, urge crear proyectos de energía limpia y adjudicar fondos federales para atender esta emergencia. Si queremos reducir la causa mayor de la crisis climática, los GEI, todas estas estrategias mencionadas deben ser dirigidas a producir energía renovable, preferiblemente en techos, donde se garantice la protección de los terrenos con potencial agrícola.

A la crisis climática no le importa si creemos o no en ella. Existe evidencia suficiente sobre las causas del aumento en temperatura y las consecuencias de ese aumento. Desde sectores científicos, académicos, organizaciones sin fines de lucro y la sociedad civil llevamos años de lucha buscando que se atienda este tema. Recientemente más de 400 organizaciones y personas en Puerto Rico firmaron la Declaración por la Crisis Climática la cual busca que se atienda la crisis desde todos los componentes esenciales de la sociedad: “presupuesto, economía, energía, transportación, agricultura, salud, educación, infraestructura, vivienda, las artes y las ciencias, entre otras.”

La crisis climática lleva más de 30 años siendo estudiada y discutida en las diferentes esferas locales e internacionales. Si la crisis climática no se ha atendido con la determinación y rapidez que merece en Puerto Rico, no es por escasez de información, ni por ausencia de reclamos, sino por ausencia de compromiso de los políticos y de las agencias de gobierno. Cabe recordar que el exgobernador Ricardo Roselló se opuso a la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París. En ese entonces, Roselló se unió a las voces de distintas jurisdicciones en Estados Unidos como Nueva York, California y Washington en favor de cumplir con el Acuerdo de París. Sin embargo, en la práctica el gobierno sigue apostando a la generación de energía basada en combustibles fósiles y la legislación existente no es suficiente para lograr los cambios necesarios en el tiempo que nos queda.

José Ortiz, ex director de AEE

El apagón de José Ortiz

Por: Ruth Santiago, abogada ambientalista

La tormenta Isaías vino acompañada de otro apagón en el servicio esencial de electricidad. Las pocas personas afortunadas que tienen un sistema solar en el techo de sus casas con baterías se libran de estos apagones pero claro está, con una tasa de pobreza que ronda el 50% de la población de Puerto Rico, la inversión inicial requerida para adquirir estos equipos no es una opción para la mayoría de la población.

Estos apagones provocaron otro: la petición de renuncia a José Ortiz, director de la Autoridad de Energía Eléctrica, cuyo desempeño fue criticado públicamente hasta por la gobernadora.  Más allá de su salida, está pendiente ahora qué pasará con la AEE y su privatización.

Las noticias indican que el gobierno va a recibir fondos ascendentes a miles de millones de dólares. Sin embargo, muy poco del dinero está destinado a la instalación de sistemas solares en los techos o cerca del lugar de consumo. El plan del gobierno, el llamado Plan de Modernización de la Red, que se supone ejecutará Luma Energy, si llegan los fondos de FEMA  propone perpetuar la generación con combustibles fósiles y la transmisión de energía centralizada, especialmente nueva infraestructura de gas metano “natural”, altamente explosivo que conlleva inversiones de miles de millones de dólares con una fuerte dependencia continua de la transmisión de electricidad desde el sur de Puerto Rico hasta el norte del País, particularmente al área metropolitana de San Juan.

A pesar de que el gobierno habla mucho sobre energía renovable, propone poco o nada y hace menos para lograr el empoderamiento energético de las comunidades a través de sistemas solares y baterías utilizando el “Recurso Techo”, la eficiencia y el manejo de la demanda energética, entre otras alternativas como propone la propuesta de la Coalición Queremos Sol.

Estos apagones provocaron otro: la petición de renuncia a José Ortiz, director de la Autoridad de Energía Eléctrica, cuyo desempeño fue criticado públicamente hasta por la gobernadora.

Ruth Santiago, abogada ambiental

Lejos de promover alternativas energéticas adaptadas a la realidad puertorriqueña desde la propia corporación pública, José Ortiz, la alta gerencia de la AEE y el gobierno han estado en campaña para adelantar instalaciones del explosivo gas metano, particularmente en las plantas de San Juan, Palo Seco y Mayagüez y una nueva en Yabucoa. Aclaramos que el gas “natural” metano constituye la sustitución de un grupo de contaminantes como los óxidos de azufre y nitrógeno por otros, los compuestos orgánicos volátiles.

Las cantidades multibillonarias en fondos federales representan un gran negocio para las industrias del gas metano y las afiliadas de Luma.

Este plan y el contrato de Luma se asemejan mucho a la decisión a finales de la década de 1990 donde el gobierno aprobó la construcción de la planta de carbón AES en Guayama. En pleno siglo 21 en Puerto Rico se comenzó a quemar carbón para generar energía con todas las consecuencias nefastas que eso ha conllevado, como impactos a la salud pública y la contaminación del Gran Acuífero del Sur, la única fuente de agua potable para decenas de miles de boricuas. Ahora, el país es rehén de AES y su contaminación que aún no ha limpiado el acuífero y propone seguir operando.

Necesitamos evitar otro desastre provocado por el hombre, esta vez con gas “natural” y con transmisión que resulta vulnerable a los huracanes y a otros eventos climáticos cada vez más frecuentes e intensos. Esperamos que quien sustituya a José Ortiz tenga una agenda de transformar el sistema eléctrico para beneficio del pueblo.

¿Quién gana con la privatización de la AEE?

Por: Ruth Santiago, abogada ambientalista

¿Quién gana con la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico?

¿La libre competencia? No.

El contrato entre Luma Energy y la AEE es una privatización casi completa del sistema eléctrico, no solo de operación y mantenimiento del sistema de transmisión y distribución y servicio al cliente. Le concede a Luma el manejo sobre suministro de energía, los contratos de generación, entre otros. Luma ejercerá control monopolístico sobre el sistema eléctrico del país.

¿Los abonados? No.

Luma podrá solicitar aumentos en la tarifa eléctrica. El Plan Fiscal certificado por la Junta de Control Fiscal indica que la AEEPR tiene un déficit que coincide con la cantidad que la AEEPR le tiene que pagar a Luma. ¿De donde se pagará el déficit si no es a través de aumentos de tarifas?El contrato no empodera a los abonados mediante programas de  eficiencia energética, sistemas solares en techos y baterías.

¿Los que exigen la transformación del sistema eléctrico hacia renovables, ubicados en el “recurso techo”? No.

El contrato indica que el trabajo de Luma deberá estar alineado al Grid Modernization Plan para la reconstrucción, en lugar de la transformación de los sistemas de transmisión y distribución y nuevas plantas fósiles.

¿Las comunidades del sur, cercanas a las plantas fósiles, como la carbonera AES? No.

Se propone fortalecer la transmisión de sur a norte y perpetuar la transmisión de energía desde las centrales del sur, incluyendo la carbonera AES.

¿Las entidades que luchan por la protección ambiental? No.

El contrato le concede a Luma el uso de tierras sumergidas, humedales y áreas designadas como zona marítima terrestre.

¿Las personas que reciben servicios de los municipios? No.

Luma podrá suspender el servicio eléctrico a los municipios, las personas que reciben los servicios públicos no serán los beneficiados de la privatización.

Luma es afiliada de ATCO y Quanta Services, conocida por sus negocios de gas metano. Estas podrán licitar para proyectos financiados con fondos federales que se estiman en miles de millones de dólares.

Ruth Santiago, abogada ambiental

¿El erario público?  No.

La AEEPR pagará hasta $125 millones al año más los gastos de Luma, gastos capitales y de interrupciones y apagones, los costos de los subcontratistas, sus comidas y entretenimiento.

¿Los residentes de Puerto Rico luego de un huracán o desastre? No.

En un evento de fuerza mayor extendido, Luma tiene el derecho de terminar el contrato. “Evento de fuerza mayor” se define tan amplio que permite que Luma deje de cumplir los servicios en múltiples situaciones, como apagones, sabotaje informático o virus, cuarentena, epidemia; cualquier evento donde se declare zona de desastre o estado de emergencia.

¿Los empleados de la AEE? No.

Luma no tiene obligación alguna de contratar a ninguno/a, ni siquiera a la mayoría de los empleados de la AEEPR.

¿Los contribuyentes federales? No.
Luma podrá evadir el requisito de mantener pólizas de seguro. Si el próximo huracán categoría 4 o 5 se lleva parte del sistema, se habrán perdido los fondos federales invertidos.

¿Quanta Services, ATCO y la industria del Gas “Natural” Metano? ¡BINGO, los grandes ganadores!

Luma es afiliada de ATCO y Quanta Services, conocida por sus negocios de gas metano. Estas podrán licitar para proyectos financiados con fondos federales que se estiman en miles de millones de dólares. Solo estas empresas ganan con el contrato de Luma y la privatización de la AEE.